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Inmigrantes Detenidos: Nuevo Puerquito para Contratistas Privados de Cárceles

Existe mucha confusión entre residentes indocumentados por lo que es muy importante entender serias diferencias de estatus. La presencia en los Estados Unidos a través una entrada indebida es un delito penal menor bajo el Estatuto Federal que ocurre cuando a alguien se le ha comprobado;

Haber entrado o haber intentado entrar al país en cualquier lugar o tiempo diferente al asignado por oficiales migratorios.

Haber evadido la inspección o el interrogatorio hecho por oficiales migratorios, o

Haber intentado entrar – o haber entrado- al país ocultando voluntariamente, falsificando o tergiversando hechos materiales.

Para aquellos condenados por entrada indebida un periodo de hasta seis meses de prisión podría proceder y una multa de $250.00 por cada acto podría también ser impuesta.

Una segunda categoría de estatus se refiere a aquellos presentes en los Estados Unidos ilegalmente. Existen muchas razones por las cuales una persona podría estar ilegalmente presente, que van desde entrar al país con una visa de trabajo o estudiante y no renovarla a tiempo. Aquellos en esta amplia categoría no son castigados criminalmente, sino civilmente. Las principales penas civiles usadas son la deportación y la destitución. Antes de la deportación o la destitución, sin embargo, aquellos presentes ilegalmente podrían -y de hecho a menudo son- detenidos y alojados en centros migratorios de detención.

Para los detenidos, no existe distinción de práctica. Son arrojados y detenidos en centros, frecuentemente por excesivamente largos periodos de tiempo, y uno de los inconvenientes de ese largo ciclo de detención es el de algunos empleadores privados de prisión.

Criminal Alien Requirement (CAR) Prisiones

En 2005 El Presidente Bush lanzo La Operación Optimizada, la cual requiere que todos los inmigrantes clandestinos sean procesados criminalmente por entrada ilegal a los Estados Unidos. Estos residentes indocumentados son recogidos y detenidos en instalaciones de Criminal Alien Requirement (CAR). Un artículo en el Prison Legal News, citando un reporte en el 2002 por Grassroots Leadership, señala que en FY 2011, a dos compañías de prisión privadas solas se les pago $744 millones y $640 millones de dólares respectivamente. El reporte de Grassroots Leadership sigue señalando que el gobierno Federal ha gastado 5.5 billones encarcelando inmigrantes indocumentados desde 2005.

Una gran variedad de organizaciones, incluyendo entidades federales tales como el Departamento de Justicia, han documentado condiciones atroces en instalaciones que son manejadas de forma privada. En esos centros de detención privada para detenidos indocumentados, las condiciones son mucho peor. Entre los problemas se encuentran la falta de personal suficiente, abuso por parte guardias (incluyendo atraco sexual y violación), falta de acceso a servicios básicos tales como cuidado médico, uso rutinario de confinamiento solitario y horrendo hacinamiento.

En reconocimiento a las condiciones deficientes y al trato a los prisioneros en instalaciones privadas, el Presidente Obama ordeno al Departamento de Justicia la disminución gradual de contratistas privados en el sistema Federal.

Los contratistas privados perdieron billones.

Estas compañías empezaron a explorar fuentes de ingreso alternas para compensar las pérdidas de ingresos y encontraron la fuente perfecta, la expansión de centros privados de detención de inmigrantes.

Falta de Servicios Médicos Apropiados y Cuidados para Inmigrantes Detenidos

Ya sea que haya sido detenido por infracciones civiles o delitos menores, el destino del indocumentado es a menudo muy sombrío. A diferencia de todas las demás categorías de delincuentes detenidos por delitos menores, esta población no se encuentra en instalaciones de seguridad mínima. También es diferente el hecho de que familias enteras son detenidas a menudo, con frecuencia durante largos períodos de tiempo. Como el informe de Grassroots Leadership también señala que casi no hay acceso a representación legal para los detenidos. Un Defensor Público Federal señaló que se le asignó entre 20-75 detenidos con quienes debía reunirse durante un período de acceso de dos horas, dividiéndose a sólo dos minutos por cliente.

Como bien se ha comprobado, los detenidos indocumentados a menudo reciben atención médica deficiente o no reciben atención médica alguna. En todo Estados Unidos, incluso en el Estado de Nuevo México, se han documentado numerosos casos de inmigrantes detenidos que recibieron atención médica inadecuada y que murieron como resultado

Centros de Detencion de Inmigrantes en el Estado de Nuevo Mexico

Cuando el presidente Obama retiró los contratos del DOJ de las cárceles privadas el año pasado, no causó ni un pequeño nivel de consternación entre las compañías de prisión privadas. Se quedaron para perder cientos de millones de dólares cada uno. Pero nuevas oportunidades se abrieron con la elección del Presidente Trump. Los contratistas privados simplemente cambiaban las fuentes de ingresos, desde el Departamento de Justicia que aloja a presos federales hasta el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), que alberga a inmigrantes indocumentados detenidos.

En Nuevo México, existen tres centros de detención de inmigrantes. Dos de ellos son instalaciones administradas por el condado: el Centro de Detención del Condado de Torrance y el Centro de Procesamiento del Condado de Otero. La tercera es el centro correccional del condado de Cibola, que había sido cerrado por el Buró de Prisiones debido al abuso y la negligencia a los prisioneros no inmigrantes, ha sido reabierto como una instalación de detención de ICE. Como señaló el Southern Poverty Law Center en su informe, Shadow Prisons: Immigrant Detention in the South,

“A principios de 2016, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció que ya no contrataría corporaciones privadas para operar prisiones federales, una decisión impulsada por la disminución de la población carcelaria y el fracaso de las prisiones privadas para proporcionar instalaciones seguras.

A raíz de la decisión del Departamento de Justicia, el DHS anunció que también volvería a examinar su uso de las instalaciones privatizadas de inmigración. Pero la agencia rápidamente renovó o finalizó contratos para miles de camas adicionales. La agencia también ha ampliado el número de individuos que planea detener cada noche a 10.000 personas – impulsando el número total de detenidos a un estimado de 45.000 personas.

Lo que, es más, los nuevos contratos de la agencia incluyen una instalación – el Centro Correccional del Condado de Cibola en Milán, Nuevo México – que perdió su contrato con el DOJ después de reportes de abuso y negligencia médica. Las acciones del DHS sugieren que las prisiones privadas que ya no son usadas por el Departamento de Justicia, incluyendo algunas de las peores en el país, podrían simplemente convertirse en centros de detención de inmigrantes “.

Este nuevo centro en Milán, Nuevo México, mantendrá a cientos de inmigrantes indocumentados detenidos bajo la misma gestión y condiciones que se consideraban inaceptables para los prisioneros no inmigrantes.

Los inmigrantes indocumentados tienen derecho a recibir atención y servicios médico

Si la experiencia en establecimientos penitenciarios privados es un indicador de lo que puede ocurrir en centros privados de detención de inmigrantes como Milán, sólo podemos anticipar que habrá personas que no recibirán servicios y atención médica adecuados. Lamentablemente, esto conducirá a lesiones graves o incluso la muerte en algunos casos.

Es muy importante que los detenidos y sus familias comprendan que, si bien pueden estar en una instalación como el Centro de Detención del Condado de Cibola por estar en un estatus migratorio indocumentado, todavía tienen derecho a atención y servicios médicos. Cuando se le niega el cuidado y los servicios es aconsejable buscar la representación legal de abogados con experiencia en la búsqueda de justicia por negligencia médica.

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